El país del dominó

1 Uno de los principios fundamentales de la república es la publicidad de los actos de gobierno. De un tiempo a esta parte, el incremento de las funciones estatales y la masificación de los medios de comunicación, han parido un nuevo régimen de gobierno: el gobierno de los gestos, de los golpes de efecto. Las reuniones se han reducido a la mera foto. Los ministros no responden a los periodistas para dar idea de trabajo. Los elementos disconformes (que existen en todo gobierno) sacan a relucir versiones que, fundadas o no, sin demora alcanzan los primeros planos. En consecuencia el resumen de la acción de gobierno es lo que sale en un diario. Si el presidente no se expide públicamente sobre algún tema el estado está ausente. No importa demasiado que la verdadera ausencia se manifieste en el demérito en el cumplimiento del magno cometido estatal. Por ello, a mí no me extraña demasiado una sucesión de noticias, una más penosa que la otra, que satisfacen los requisitos del efecto dominó. 2 El intérprete de la voluntad del pueblo, el parlamento, cumple durante 2005 con un año sabático. Los 257 diputados están divididos en más de 40 bloques, lo que dificulta que la Comisión de Acción Parlamentaria acuerde los temarios a tratar. Por suerte, a fin de año se renueva (bah, hay elecciones) y quizá la nueva repartija de escaños acomode un poco las piezas y facilite la consecución de los consensos básicos. Entretanto, al día de la fecha, ha sesionado cinco veces durante este período. Sólo aprobó una iniciativa legislativa; en los demás casos se aprobaron los proyectos impulsados por el ejecutivo. Con temporadas así no cuesta demasiado entender las razones por las que en la última sesión legislativa del año pasado, junto a decenas de otros proyectos, se aprobó sin debate alguno una ley para acelerar los plazos de prescripción penal. Esto sirve para apurar los tiempos de la administración de justicia dijeron sin rubor los promotores de la idea. Esto es llanamente una amnistía salvaje se le escuchó decir a algún trasnochado. El hecho tomó estado público tres meses después y el poder ejecutivo se rasgó las vestiduras teatralmente ante las fundadas sospechas de nauseabundos pactos entre gallos y medianoche. 3 Un ex presidente (de un mal gobierno democrático, según sus defensores; de un gobierno de facto, según el criterio del suscripto) de gestión incalificable, profugado del sillón de Rivadavia a la mitad de su mandato, hoy se declara asfixiado en lo financiero y reclama el haber que según la ley le corresponde por haber ejercido la primera magistratura, aun cuando su inacción encarnara el conservadurismo más recalcitrante en la piel de un tipo afectado en sus facultades mentales. No aporta nada al análisis anotar que este buen hombre percibe hoy mismo una jubilación que decuplica la de más de dos tercios de nuestra cascoteada clase pasiva -o cuadruplica la media salarial de la clase activa ocupada-, que accedió al beneficio a los 52 años, por 30 años de aporte a la caja del estado porque nunca vivió de otra teta. Podrá corresponderle, yo no estoy en condiciones de aventurarme a decir lo contrario, pero lo mínimo que se le puede pedir a un tipo de bien que cometió errores es que se aparte del camino. Para qué meter el dedo en la llaga de un pueblo que todavía no ha cerrado heridas mucho más añejas. Por qué no guardar la compostura que supo fingir durante tanto tiempo y al menos tener la decencia de no estorbar. 4 A tenor del preámbulo de la constitución nacional, nos jactamos de vivir en un país que asegura los beneficios de la libertad a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Un juez de la nueva corte, excelente docente y jurista, que dicho sea de paso prefirió no pagar la deuda que en concepto de intereses tiene con el fisco nacional por considerarla usuraria (!), no oculta profesar la fe de aquel pensador francés del siglo pasado predicó hasta el hartazgo que nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. Todavía no hace una semana del extraño concepto vertido por otra recién llegada a la cumbre del poder judicial. A juicio de esta señora, el sistema penitenciario federal saldría de su actual estado de colapso si se dejara en libertad a quienes están encerrados por mera precaución legal, reservando el calvario para quienes hayan sido condenados. Esto implicaría que cualquier sujeto detenido en pleno acto de delinquir pasaría en libertad todo el tiempo que se tome la administración de justicia en dictaminar en su caso. Fue una afirmación a la pasada de quien prepara el terreno. María Julia Alsogaray, Omar Chabán y todos aquellos que estén en situación de abonar suculentas cauciones reales, tienen todo el derecho de caminar a la luz del día, igual que cualquiera. Este es el caro precio de la libertad. 5 La justicia no es cosa de hombres. Ya deberíamos saberlo. Pero una de las pautas que hacen al estado de derecho, es decir éste, el que elegimos vivir, atañe a organizar instituciones que protejan la convivencia. Pretender el «a cada uno lo suyo» no es siquiera un horizonte. Pero cuando el estado incumple de tal modo sus deberes, el desamparo nos transforma en animales amenazados. Cuando la legalidad se aleja tanto de la moralidad, nadie puede exigir respeto por las instituciones. Cuando un juez falla conforme de a la ley que redactó un pusilánime, provoca que la desazón popular se troque en violencia. Entonces no es que seamos las piezas de un juego de iniquidades sino el combustible del fuego que no ha dejado de arder.